*Oscar Ugarteche

El flamante gobierno del Presidente Humala que ganó las elecciones en segunda vuelta tras una campaña de terror mediático similar a las lanzadas en otros países latinoamericanos contra los otros candidatos progresistas enfrenta su primera crisis política.
La inexperiencia política del equipo de gobierno no le permite ver que es una sola cosa la que tiene enfrente y que lo amenaza: el poder real, corrupto y grande. Son dos dinámicas y un problema.
 
 La primera dinámica se inició cuando el Vicepresidente de la República,  Omar Chehade, apareció involucrado en un tráfico de influencias para resolver un conflicto entre un grupo empresarial nacional grande y los trabajadores/dueños de una hacienda azucarera. El grupo empresarial hizo lo de siempre, apeló a la instancia del poder político más alta para que metiera a la policía y sacara a la brevedad a los 1,500 trabajadores/dueños.
 
Lo que se conoce como el debido proceso estaba siendo alterado para “facilitar” una solución expedita. Evidentemente todo tiene un precio cuando se trata de acelerar soluciones a juicios y ese precio aún no se ve. ¿Cuánto le pagó o prometió pagar el grupo empresarial al abogado/vicepresidente de la república, para lograr que el ministro del interior y algunos jerarcas policiales enviaran tropa para remover a los propietarios/trabajadores? Lo que salió en la prensa fue que el Vicepresidente invitó a cenar a un restaurante costoso a tres generales de la policía, más a su hermano/socio que asesoraba al grupo empresarial.
 
 El intento de tráfico de influencias es claro. El estudio de abogados cobra por sus servicios y los empresarios pagan por éstos. De lo que hay duda aparentemente es de si cobró o no por estos servicios. Pero como se dice “la mujer del César no sólo tiene que ser virtuosa, sino parecerlo”. Mientras este escándalo se desenvolvía se estaba constituyendo una comisión investigadora de los delitos económicos y financieros del gobierno de Alan García Pérez, que se hizo conocido por bajar el sueldo de los funcionarios públicos y decir luego en TV que “la platita llega sola” en referencia a los aceitados de la maquinaria pública como el que acabamos de reseñar.
 
Amarrado con el fujimorismo,  la gente de García ha hecho lo imposible para evitar que esta comisión se constituya y si tuviere que ser, entonces para evitar que Javier Diez Canseco la presida. Diez Canseco es odiado por el poder económico peruano y por el APRA por haber puesto en evidencia los amarres entre empresarios y el gobierno de Fujimori y antes por lo mismo en el primer gobierno de García. La corrupción en la ley peruana está en el funcionario público y  no en el que le paga al mismo por “un servicio privado”. En el Congreso, mientras se constituía la comisión salió una campaña rabiosa mediática contra la presidencia de la misma por Diez Canseco quien finalmente fue censurado con la aquiescencia del presidente del Congreso.
 
Hasta ahora, en los primeros cien días del gobierno de Humala, la corrupción de alto nivel va ganando posiciones y el poder va estableciendo quien manda y cómo la hace. El Vicepresidente de la República, quien también es congresista,  ha sido censurado y suspendido en el Congreso por cuatro meses, pero no se le ha pedido la renuncia al cargo de Vicepresidente. Ese cargo ejecutivo lo coloca en una plataforma de poder distinta a la de congresista.
 
Tampoco se ha hecho nada por  investigar cuánto le pagaron al ciudadano Vicepresidente por sus servicios ni de qué tamaño sería el pago en caso de llevar a cabo el operativo con éxito. Diez Canseco, quien es parte de la alianza política de Gana Perú,  de su lado, ha salido reducido en su función fiscalizadora histórica para beneficio del poder con el apoyo del Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien es del partido de gobierno. El juego del Presidente del Congreso al no ratificar la comisión en el pleno del Congreso le resta peso a la misma y abre interrogantes más allá de las certezas sobre los anticuerpos con Diez Canseco. Humala está perdiendo el primer round contra la corrupción, y el poder económico y político lo viene ganando.
 
Pronto puede descubrir que no hay segundo round. Su popularidad depende de su honradez y su honradez depende de cómo operen los poderes del Estado ante la corrupción. La lección política de Lula es sacar a los sospechosos antes que le salpique al presidente y darle fuerza a las investigaciones del Congreso siguiendo los procedimientos habituales de ratificación mayoritaria. El interés nacional en la lucha contra la corrupción está por encima de los anticuerpos del Presidente del Congreso y la amistad del Presidente con su Vicepresidente.
 
 
*Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org

Adolfo Pérez Esquivel*

La Argentina vivió a través de su historia graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos dejando profundas huellas en la vida de las comunidades indígenas que sufrieron bajo la conquista española, sometiéndolos a la esclavitud y represión y posteriormente los esclavos africanos. Incluso pasadas las luchas por la independencia y la abolición de la esclavitud en 1813 se continúo cometiendo atrocidades como en la llamada Campaña del Desierto. El país sufrió en la segunda mitad del siglo XX la sucesión de gobiernos pendulares entre dictaduras y gobiernos civiles débiles, hasta la última dictadura que se impuso en el país utilizando métodos aberrantes desde la Doctrina de Seguridad Nacional que marcó con dolor y sufrimiento al pueblo argentino desde 1976 hasta 1983.
 
No podemos dejar de lado en ésta breve referencia a la "Triple A" y su política represiva encubierta durante el gobierno de Isabel Perón y el accionar de las guerrillas en el país. Es un capítulo marcado por los olvidos intencionados que dicen que nada pasó antes y después de la dictadura militar. Pero debemos tener una lectura profunda y sincera de lo vivido y las consecuencias que tuvo para nuestro pueblo.
 
Acotar los derechos humanos a la época de la dictadura militar y los horrores que vivimos en el país, es escamotear la memoria a nuestro pueblo y burlar su derecho a la Justicia y la Verdad. Este derecho no puede estar sometido a la manipulación política.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín y con todas sus contradicciones se logró el juicio a las tres primeras juntas de los comandantes de la dictadura militar, posteriormente se produce un fuerte retroceso del gobierno bajo presión militar y falta de coraje, al imponer las leyes de impunidad, de Punto Final y Obediencia Debida; los indultos a los genocidas impuesto por el gobierno de Carlos Menem, profundiza la impunidad jurídica.
 
Nestor Kirchner, durante su gobierno, asumió los reclamos de los organismos de derechos humanos y la sociedad en general y el Parlamento sanciona la nulidad de las leyes de impunidad, lo que permitió abrir caminos para lograr los juicios a los represores y superar la impunidad jurídica. Es un fuerte avance para afirmar el Estado de derecho.
 
La Argentina ha marcado caminos. La Justicia Federal juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad logrando un avance significativo en el fortalecimiento de la justicia y la democracia, y sentando precedentes jurídicos ejemplares en el país y en el mundo.
 
La situación de los derechos humanos en la Argentina actual, tiene luces, sombras y matices, no sólo en la política nacional, sino en las decisiones de los gobiernos provinciales. La reforma constitucional del año 1994 establece que la Argentina es un país federal, pero cuando vemos las prácticas de los gobernadores, son más feudales que federales y se demuestra en graves violaciones a los derechos humanos.
 
La discriminación y persecución a los pueblos originarios es un ejemplo de esto. El problema de los territorios y derechos indígenas violados sistemáticamente, víctimas de los gobiernos provinciales, de una justicia sometida al poder político, son casos concretos que hemos podido ver últimamente en la Provincia de Formosa, en la Comunidad Qom, La Primavera, sometida a la represión, muerte y cárcel por parte del gobierno formoseño.
 
Este problema territorial representa la discriminación de sus culturas y valores y una violación de los derechos de los pueblos que debieran estar protegidos de acuerdo a la Constitución Nacional en su artículo 75, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración Universal de los Pueblos Originarios, proclamados por las Naciones Unidas.
 
Las continuas violaciones de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Hoy las cárceles son depósitos humanos que degradan la dignidad de la persona. El hacinamiento, las condiciones de encierro, la superpoblación y deterioro edilicio, la aplicación de torturas y trato cruel y degradante; así como la situación de las mujeres y sus niños en las prisiones, requieren de políticas públicas para resolver los problemas existentes. Situaciones semejantes se viven los institutos penitenciaros de todo el país. Las comisarías continúan ejerciendo la violencia, situación que desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires venimos denunciando y sobre la que hemos propuesto soluciones, como la creación de la Policía Judicial que dependa de la Corte Suprema de Justicia.
 
Los problemas de la infancia, el aumento de los niños y jóvenes en estado de riesgo social, los chicos en situación de calle, desde esferas oficiales y medios de comunicación se busca bajar la edad de imputabilidad para penalizarlos y llevarlos al encierro en institutos que agrava la situación de vida de los mismos.
 
Si bien hay programas de atención a la infancia, no son suficientes y faltan de políticas públicas para dar contención y prevención sobre las adicciones, el control de la prostitución y la trata de personas. Sepamos que son los niños, niñas y jóvenes los que soportan el flagelo de la violencia social y estructural que afecta a nuestra sociedad y que tiende a aumentar.
 
Aclaremos que no son políticas de Estado la situación de violencia institucional. Son remanentes y prácticas de las fuerzas de seguridad desde la dictadura, que no han sido erradicadas. Lo que urge es la reforma de los planes de estudio y ejercicio aplicado de estas fuerzas.
 
En las últimas décadas han surgido con fuerza los derechos ambientales, frente al deterioro de los recursos y bienes naturales, situación que afecta a gran parte de la población en nuestro país y a escala planetaria.
 
Los monocultivos y destrucción de la biodiversidad, los desmontes y daños ambientales irreparables son provocados en gran medida por quienes privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. A esta situación se suma la falta de control por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sobre los daños provocados por los agro tóxicos como el glifosato utilizado en gran parte en los monocultivos de soja, habiéndose comprobado daños a la salud de los pobladores y malformaciones en los recién nacidos. Esta situación no la desconocen las autoridades y sin embargo lo toleran con total impunidad.
 
La gran minería está dañando la vida de la población. La extracción de minerales como el oro, la plata, cobre y minerales estratégicos, utilizando el cianuro y el mercurio que penetran en las napas de agua afecta directamente a la población humana, animales y vegetales. El saqueo es inmenso, se llevan el 97 % de los recursos con una simple declaración jurada, sin control alguno y dejan destrucción y muerte.
 
Minerales de los cuales no se habla y que son prácticamente desconocidos por la gran mayoría de la población también debemos tomarlos en cuenta. Las llamadas “Tierras Raras” disponen de minerales utilizados por la gran industria siendo de alto valor estratégico en el actual y futuro desarrollo de la humanidad.
 
Hoy los países que encabezan la explotación y demanda de las “Tierras Raras” son en primer lugar China, seguida por los EE.UU. Debemos estar atentos.
 
La desertificación del país va avanzando ante la total indiferencia y complicidad de los gobiernos. La ONU ha hecho un llamado de alerta a la responsabilidad y conciencia de la humanidad, poniendo su acento en los bienes y recursos naturales, como el agua y la biodiversidad, cada vez más escasos y el reclamo sobre la soberanía alimentaria. El informe de la FAO es aterrador, por día mueren en el mundo más de 35 mil niños de hambre. En nuestro país la mortalidad infantil alcanza a cerca de 25 niños por día.
 
La Argentina aún está a tiempo de revertir la situación y asumir el desafío de recuperar la soberanía perdida. Se necesita decisión, coraje político y la acción de todos los sectores sociales, políticos y económicos, así como el apoyo de las iglesias, para hacer frente a la devastación de los bienes del pueblo y recuperar las empresas base, el territorio y los recursos estratégicos para la vida y desarrollo del país. En esto consiste hoy, la lucha integral por los derechos humanos.
 

- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz 1980.

*Ariel Ferrari, Sergio Ferrari.

A pesar de carecer de una estructura cohesiva y una lista formal de demandas, este brote espontáneo de sensibilización y protesta está generando decenas de experimentos similares más allá de Wall Street. Subestimado en un primer momento por la derecha norteamericana, el "hecho político” de los ocupantes neoyorquinos ha ido madurando para convertirse en un movimiento con suficiente potencial como para alterar parcialmente el discurso ideológico de la sociedad Norteamericana. Sin imaginárselo cuando iniciaron la ocupación del Zuccotti Park el 17 de septiembre pasado,  los indignados del corazón de Wall Street, han contribuido durante estos últimos meses a profundizar el desenmascaramiento de una histórica falacia norteamericana.

La misma había funcionado relativamente bien para ambos partidos -republicano y demócrata- hasta ahora. Asegura que el capitalismo está intrínsecamente "sano" (“todo OK” en el lenguaje cotidiano) y por lo tanto es capaz de integrar auto-ajustes en momentos de crisis a fin de asegurar su continuidad en nombre de la vigencia del sueño americano.

Una buena dosis de candidez política, que sus críticos denuncian como debilidad, le ha facilitado a los ocupantes de Wall Street la tarea de desenmascarar dicha falacia. Y además denunciar agresivamente la complicidad de legisladores, oficiales y dirigentes de ambos partidos, quienes durante las últimas décadas han aceptado y promovido la enorme brecha entre el "1 por ciento" más rico y el restante "99 por ciento".

Expresión-slogan acuñada por Premio Nobel de Economía de 2001 Joseph Stiglitz, quien señaló que el 1 por ciento más rico del país controla el 40 por ciento de la riqueza nacional. Realidad facilitada por políticas de-reguladoras e impositivas sumamente nocivas para los sectores sociales menos privilegiados.

A casi 45 días de la protesta de Wall Street la pregunta esencial es: ¿Cuál es el futuro de este movimiento? ¿Hacia dónde se dirige? Sus mismos protagonistas, muchos de ellos jóvenes desplazados y desempleados por la crisis, sin vivienda e incluso  sin seguro médico, prefieren no especular sobre los próximos pasos.

Cada vez más alertas a los peligros que cualquier institucionalización de su insospechada autoridad moral y su visión casi profética pueden acarrear consigo, en su mayoría estos ocupantes y sus pares en muchas otras ciudades y lugares del mundo prefieren seguir multiplicando redes solidarias para que el debate se expanda e intensifique.

Sin una significativa masa crítica de concientización y protesta, sostienen, la tarea de captar la imaginación del resto de los indignados de este país y del mundo se hace muy difícil. Y ahí está, por el momento, la tarea esencial: seguir resistiendo en el Zuccotti Park para que su gesto-altoparlante repercuta lo más fuerte posible.

Tanto simpatizantes como detractores especulan que los primeros fríos y nieves neoyorquinos literalmente congelarán el ardor de los ocupantes. Es posible.

Pero también es posible que sus pares solidarios en muchos otros lugares logren sustentar la continuidad del movimiento. Y aun si eso no ocurre, de todos modos,  el impacto de los ocupantes ya es irreversible.

Más y más gente se está identificando con su protesta creativa y pacífica así como sus señalamientos. Una encuesta del New York Times publicada el 26 de octubre parece confirmarlo: la mitad de los entrevistados cree que la preocupación matriz de los ocupantes de Wall Street "refleja en general el parecer de la mayoría de los norteamericanos”.

En el otro lado del Atlántico, decenas de ocupaciones se han mantenido a partir de la Jornada Mundial de los indignados del 15 de octubre pasado que movilizara a centenas de miles de personas en casi 100 ciudades de 82 países.

Una de las más simbólicas, la protesta de los jóvenes indignados suizos que desde entonces mantienen la ocupación – cada vez más concurrida- del Parque de Bastions, en Ginebra, sede europea de las principales instituciones de las Naciones Unidas.

* Ubaldo Tejada Guerrero

“Simplemente la tarea de los técnicos de hoy, tarea revolucionaria y constructiva, es la de realizar dentro de sus especialidades, el mayor esfuerzo para la construcción del país. Y por lo tanto, tanto más objetivamente revolucionario será un técnico, cuanto más profundamente conozca su especialidad y con más entusiasmo, y ciencia, ponga sus conocimientos al servicio de ésta sociedad”. (Ernesto Che Guevara – La Habana –Noviembre de 1,963 – “Foro de Energía Eléctrica”). La fragilidad democrática con el gobierno de Ollanta Humala, es parte de la necesidad de entender que la cultura política en las instituciones del Estado peruano, debe estar presente no para influenciar en la cultura de nuestros pueblos, sino para ser agente de transformación; es decir revalorizar la cultura peruana y universal, hacerla más vivencial y menos servil.