¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del "desarrollo"? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?

Los hechos

En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que podían cuidar tan bien los intereses de los acreedores y los especuladores internacionales como cualquier partido de derecha, haciendo aparecer como algo normal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a la cotización de las Bolsas de Valores y, por lo tanto, devorados por ellos. En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata a 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Cerca de allí, en Mozambique, el gobierno del Frente de Liberación (Frelimo), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (por las buenas o por las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En la India, el gobierno del Partido del Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, concede tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de miles y miles de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas la construcción de una ruta en territorio indígena (Parque Nacional Tipnis) para explotar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que con coraje concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la exploración petrolera en sus territorios. Ya en mayo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado a Ecuador medidas cautelares en favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

Por: Raphael Hoetmer

Algunas lecciones para el gobierno para evitar la violencia,

priorizar el agua y garantizar los derechos de los pueblos

El conflicto minero que más se parece a lo de Conga es, en términos de duración, fuerza organizativa, actores sociales y capacidad de propuesta, probablemente el caso de Río Blanco. En ello, las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta , articuladas a organizaciones y municipalidades de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Ayavaca, Huancambamba y Tambogrande (Piura) en el Frente para el Desarrollo Sostenible en la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) se opusieron a la conformación de un distrito minero en sus territorios, ya que ello afectaría al ecosistema de los páramos andinos y los bosques neblinas que proveen de agua a la zona.

Tras varias marchas, distintos tipos de demandas al Estado, y la realización de una consulta vecinal que expresó un rotundo "No" a la minería en la zona, la empresa Zijin se replegó, sin dejar sus pretensiones de desarrollar el proyecto. El conflicto en la frontera norte del Perú costó la vida a cuatro comuneros, decenas de dirigentes y autoridades fueron criminalizados, e inclusive un grupo de comuneros fue torturado y detenido ilegalmente en el campamento minero.

Ya que Zijin recientemente ha expresado a las comunidades y autoridades locales su intención de retomar el proyecto minero, valdría la pena analizar las condiciones del conflicto a raíz de lo que ha pasado en Cajamarca, con la finalidad de evitar la violencia y garantizar los derechos de las poblaciones locales.

Programa de las Américas

http://www.cipamericas.org/es/archives/7664

Por: Raphael Hoetmer miembro del Programa Democracia y Transformación Global

Al concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales. La represión brutal de protestas en torno a la minería en los departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista. Por el contrario, el deseo de una "gran transformación" aún está presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si no viene acompañado por una serie de políticas distintas.

Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros, trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve beneficios reales en la actividad minera.

Por: Raúl Zibechi

Colaborador del Programa Democracia y Transformación Global - PDTG PERÚ

La alianza estratégica tejida bajo el gobierno de Lula busca darle mayor densidad económica, demográfica y política a una de las zonas de mayor importancia geoestratégica del continente.

El golpe de Estado en Paraguay puso en evidencia los cambios en la relación de fuerzas en la región sudamericana. La respuesta de Brasil de acelerar el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur es un mensaje a Estados Unidos. Cuando el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva le dijo a Hugo Chávez "tu victoria será nuestra victoria", estaba siendo fiel al libreto de la mayor y más sólida alianza sudamericana, la alianza estratégica entre Brasil y Venezuela.

Cuando Lula llegó al gobierno en 2003 se produjo un salto cualitativo en las relaciones bilaterales. En 2005 se definió la Alianza Estratégica Brasil-Venezuela y en 2007 comenzaron los encuentros presidenciales trimestrales, que se prolongaron hasta 2010, para profundizar la alianza que incluye la integración de infraestructura y la complementación productiva que va más allá de las alianzas clásicas, incluyendo la otra alianza estratégica que tiene Brasil en la región, con Argentina.

Uno de los principales resultados es un fuerte aumento del comercio. De los 800 millones de dólares que intercambiaban en 2003 se pasó a 5 mil millones en 2011. Además estrecharon vínculos institucionales con asesorías en políticas públicas, cursos de formación que incluyeron la instalación del prestigioso centro de pensamiento e investigación IPEA (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas) y Embrapa (empresa estatal de investigación agropecuaria) en Caracas.